La presentación de este modelo afectaba especialmente a empresas que se dedican a la promoción de alquileres vacacionales como Airbnb o Booking. Estas empresas estaban obligadas a presentar datos fiscales tanto de clientes como de propietarios con el fin de prevenir el fraude fiscal.
El fallo del Supremo sobre la cesión de uso de viviendas vacacionales
El 23 de julio de 2020, el Tribunal Supremo estimó el recurso de la Asociación española de la Economía Digital ADIGITAL contra el apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 1070/2017. Este apartado recogía la obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos.
Tras el fallo del Supremo, la Agencia Tributaria deja de exigir el modelo de información fiscal sobre viviendas vacacionales. Sin embargo, la justicia europea deja en manos de las Administraciones Locales la legislación para poner coto de alguna forma a las viviendas con fines turísticos.